Hace menos de una semana, Su Majestad el Rey definía el horizonte de nuestra convivencia como una Monarquía democrática, en cuyas instituciones habrá lugar holgado para cada español.
Esta ley es pieza fundamental en el
perfeccionamiento de las relaciones políticas de los españoles entre sí, paso
decisivo hacia la sociedad democrática que perseguimos y algo mucho más
importante: pretender dar respuesta actual a las demandas de nuestra sociedad.
No hay que derribar lo construido ni
hay que levantar un edificio paralelo. Hay que aprovechar lo que tiene de
sólido, pero hay que rectificar lo que el paso del tiempo y el relevo de
generaciones hayan dejado anticuado. Y no sirven, señorías, los
apuntalamientos. Sirve, en cambio, la arquitectura de nuevas técnicas; sirve
sólo -y esa es la llamada de la autenticidad de nuestro tiempo- la estructura
que dé cabida, y cabida ancha, a todos los miembros de la comunidad. Nos
encontramos ante una nueva etapa cargada de esperanzas. Ante ella, como
ciudadanos, hemos sentido la impaciencia, porque sabíamos que las reformas eran
necesarias. Sin embargo, como gobernantes y como responsables administrativos
de la comunidad hemos pretendido conducir la transición con una única norma:
conocer con realismo, que implica sinceridad, las necesidades políticas y
sociales de nuestro pueblo. El Gobierno, gestor legítimo en este momento
histórico, tiene la responsabilidad de poner en marcha los mecanismos
necesarios para la consolidación definitiva de una democracia moderna.
… No tenemos puesta nuestra atención
únicamente en los mandatos constitucionales, sino también en la realidad
apremiante de nuestro pueblo, en el empeño de ofrecer una nueva ocasión de
libertad, que nos lleve a una convivencia estable, y en la ilusión de romper de
una vez por todas los círculos viciosos de nuestra Historia.
El punto de partida es el
reconocimiento del pluralismo de nuestra sociedad. Y si esta sociedad es
plural, no podemos permitirnos el lujo de ignorarlo. Por el contrario, es
preciso organizar esa pluralidad, y es preciso organizarla de modo que dé
cabida a todos los grupos sinceramente democráticos, con aspiraciones de poder,
con voluntad de ofrecer una alternativa de Gobierno, pero con programas válidos
para la Administración
y la acción política, bajo el compromiso de respeto a los demás.
… Si contemplamos la realidad
nacional con una mínima sinceridad, hemos de convenir en que además de este
pluralismo teórico, existen ya fuerzas organizadas. Nos empeñaríamos en una
ceguera absurda si nos negásemos a verlo. Esas fuerzas, llámense o no partidos,
existen como hecho público […] El Estado debe ser neutral ante los partidos, si
quiere ser justo, pero no puede desconocer su existencia.
… Ante todo ello, el Gobierno del Rey
aspira a una meta de integración y considera que ese objetivo no sólo admite
sino que exige la articulación normativa del pluralismo político […] Estima,
con plena responsabilidad ante el pueblo, ante las leyes y ante la Corona , que en las actuales
circunstancias históricas es indispensable, precisamente para conseguir una
sociedad civil más auténtica y fuerte, abril el camino legal a la pluralidad
que vemos existente en la práctica. El Gobierno piensa, en suma, que una vez
lograda la solidez del Estado y superados los tiempos en que era forzosa la
restricción de algunos derechos, la integración no puede darse sin libertad
política, y que esa libertad política pasa precisamente por el derecho de
asociación. […] Sabemos que con ello estamos levantando el edificio de la
concordia nacional.
Esos grupos tienen derecho a la vida,
si representan a hombres y familias de España. Y tienen derecho a la vida
pública, porque en cada uno de ellos puede encontrarse una nueva vitalidad.
Pero a lo que nosotros no podemos jugar, como responsables de nuestro propio
presente y futuro, es a convertir al país en un reino de dudosas legalidades y
de marginaciones ciertas […] Bien sabemos que se habría hecho un esfuerzo
inútil si (la ley) no sirviera a todos por igual.
¿Es que acaso no existe, incluso a
nivel popular, un mínimo acuerdo tácito respecto al cambio sin riesgo; a la
reforma profunda y ordenada; al pluralismo político; a una Cámara elegida por
sufragio universal, igual, directo y secreto; a la existencia de nos grupos
políticos que canalicen la participación ideológica; a las libertades públicas
de expresión, reunión y manifestación; a un sistema económico que armonice la
fuerza creadora de la iniciativa privada con unos mayores niveles de justicia,
mediante la óptima socialización de los resultados del desarrollo?
Estamos tratando de interpretar lo
que el país quiere.
El derecho de asociación política no
puede constituir un fin en sí mismo. Y me interesa resaltarlo especialmente. No
lo concebimos como una meta sino como un medio para que el pueblo disponga del
poder que en buena teoría política le corresponde.
…Vamos a crear un campo de juego para
que la política, como actividad responsable, sea el fin lícito que prevén
nuestras Leyes Fundamentales. Vamos a dar a cada español la oportunidad -que ha
de transformarse en beneficio público- de que considere esa actividad política
como algo propio y no “ elaborado” en
campanas de cristal alejadas de los estados de opinión. Vamos, en definitiva, a
ordenar unas reglas de participación, de tal forma que la ilegalidad sólo
afecte a quienes juegan a subversión. Precisamente, a esa subversión la
excluirá la sociedad misma cuando pueda organizarse con fórmulas civilizadas y
atractivas, y cuando la inmensa masa moderada del país, que tiene mucho que
conservar, pero mucho más que conseguir,
se sienta solidaria en la tarea de arrinconar los extremismos y los propósitos
de suicidio colectivo.
La reforma, en cuyo espíritu esta ley
inserta, ha de ser coherente y legitimada por la voluntad del pueblo en lo
constitucional; democrática y pluralista
en lo político; flexible, ágil y eficaz en lo administrativo; racionalizadora y
transformadora en lo económico; pactada y responsable en lo social, y
occidentalista y fiel a nuestra tradición histórica en lo que atañe a nuestras
raíces y a su proyección exterior.
Cuando tantos intérpretes surgen para
la voz del pueblo, es lógico y urgente que nos apresuremos a escuchar la voz
real del pueblo, que la tiene, y que quizá sea muy diferente de cómo pensamos
todos […] Que la decisión corresponda a la voluntad popular.
… La Corona se presenta ante la
nación con una voluntad expresa y jamás silenciada de alcanzar una democracia
moderna para España. Don Juan
Carlos definió el poder de la Corona como “poder
institucional”; es decir, poder compartido; poder, en suma, sin mixtificaciones
ni intromisiones. Crear una corriente viva entre la base social y su
institución máxima es la esencia misma de la Monarquía de hoy.
Vamos, sencillamente, a quitarle
dramatismo a nuestra vida política. Vamos a elevar a la categoría política de
normal lo que a nivel de calle es normal. Vamos a sentar las bases de un
entendimiento duradero bajo el imperio de la ley.
…
Fuente: FUE
POSIBLE LA CONCORDIA , Adolfo Suárez.
Edición de Abel Hernández. ESPASA.
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