Adolfo Suárez. Legalización del PCE

El día 3 de Mayo de 1977, Adolfo Suárez se dirigía por televisión a los españoles. En un meditado mensaje, informaba sobre la convocatoria de las primeras elecciones generales libres y anunciaba su comparecencia a las mismas. Asimismo explicaba las razones de la legalización del PCE.

Cuando en el verano de 1976 las Cortes españolas aprobaron la reforma del Código Penal, todos entendimos que el Partido Comunista, tal y como se presentaba en aquellas fechas, quedaba afectado por la nueva redacción del artículo 172, y, por tanto, excluido de la legalidad.

Y con mucha razón, con gran coherencia lógica, porque, en aquellas circunstancias, el Partido Comunista se definía como un enemigo declarado, como un grupo que rechazaba completamente las opciones políticas fundamentales, que definían aquella situación. El Partido Comunista se colocaba fuera de la legalidad, y como tal debía ser tratado.

Pero ¿quién duda, señores, de que las circunstancias políticas han cambiado desde aquel momento? ¿Puede alguien dudar que las normas de convivencia y su aceptación por los partidos políticos han cambiado sustancialmente? ¿Quién puede negar que fuerzas políticas que entonces estaban marginadas hoy optan por participar en la normalidad?

Todo esto fue posible porque las mismas Cortes que en julio entendían clara la exclusión del Partido Comunista, en el mes de noviembre aprobaban una ley para la Reforma Política y sobre todo porque ustedes mismos la aprobaron masivamente el pasado 15 de diciembre.

Esta ley significa un cambio sustancial en la política española. Al proclamar que establecía un punto de no retorno en la vida pública.

El destino pasaba a ser el marcado por el pueblo español; una democracia plena, con una acción política ejercida bajo el amparo de la Corona y el imperio de la ley.

El nuevo marco político hizo que muchos partidos solicitasen su legalización. Entre ellos figuró el Partido Comunista, quien presentó unos estatutos perfectamente legales, no contradichos en su conducta pública en los últimos meses.

Ante esta voluntaria solicitud de someterse a las reglas de juego del Estado, al Gobierno le cabían tres opciones: el rechazo, que sería incoherente con la realidad de que el Partido comunista existe y está organizado; la lucha contra él, que sólo se podría ejercer por la represión; por último, aplicar la legalidad, recabando la información jurídica oportuna para comprobar si encajaba o no encajaba en la ley.

La conclusión, después de la sentencia del Tribunal Supremo y del dictamen del Fiscal del Reino, ha sido que no había contraindicación legal para su inscripción en el Registro. Dado que ni el gobierno ni nadie puede juzgar sospechas, sino conductas, y la conducta era compatible con la ley, el Gobierno procedió a la legalización.

Acepto por completo la responsabilidad de esta decisión, que se fundó en dos principios básicos: el del realismo y el del patriotismo. Realismo, porque entiendo que no es buena política la que se basa en cerrar los ojos a lo que existe; patriotismo, porque el servicio que en estos momentos nos exige España es aclarar las reglas del juego y numerar a los participantes.

Mal podríamos entrar en una campaña electoral sin saber dónde está cada uno de los grupos o partidos políticos. Mal podríamos intentar que el Estado fuera sólido, si no lo creemos capaz y lo hacemos capaz de albergar en su seno y en sus instituciones a todas las fuerzas políticas que aceptan la legalidad de ese mismo Estado. Mal podríamos, señores, mirar a nuestro futuro de concordia si dejásemos que hubiese una acción política socavando los cimientos, en lugar de sacarla con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones, a la luz del día.

La política, señoras y señores, si queremos que sea positiva, no se debe hacer a base de sentimientos, sino sobre los datos de la realidad. Una gran nación no se construye sólo sobre nobles impulsos del corazón, sino con el estudio detallado de los hechos.

Sería paradójico, por ejemplo, que cuando hemos establecido relaciones diplomáticas plenas con los países del Este, mantuviésemos al margen de la ley a aquellos comunistas del interior que aceptan una convivencia legal.  Sería paradójico que, queriendo hacer una democracia en la normalidad, marginásemos deliberadamente a quienes aseguran desear participar en ella.

Pienso que sólo la ley puede marcar los caminos. Y en este sentido, el Gobierno recuerda el principio de la igualdad de todos ante la ley y está dispuesto a aplicarla con el máximo rigor en defensa de la unidad de España, de la institución monárquica, así como impedir el establecimiento de cualquier sistema totalitario, o la subversión del orden y de la paz pública, independientemente de la ideología de quienes lo intenten, como creo que este Gobierno ya demostró.

En cuanto al Partido Comunista o cualquier otro, si su conducta posterior -directa o indirectamente- incurriera en ilegalidad, pueden tener ustedes la seguridad de que caería sobre ellos todo el peso de la ley.

Yo, señores, no sólo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología, como la  rechazan los demás miembros del Gabinete que presido.  Pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro -y lo demuestra a diario- como para asimilar su propio pluralismo.

Pienso que este pueblo no quiere encontrarse fatalmente obligado a ver las cárceles llenas de gente por motivos ideológicos. Pienso que en una democracia todos somos vigilantes de nosotros mismos, testigos y jueces de nuestros actos públicos; que hemos de instaurar el respeto a las minorías legales; que entre todos los derechos y los deberes de la convivencia figura el de aceptar al adversario y, si hay que hacerle frente, hacérselo en competencia civilizada.

Fuente: FUE POSIBLE LA CONCORDIA, Adolfo Suárez.  Edición de Abel Hernández. ESPASA.