29 septiembre 2017
Todas las decisiones políticas que afecten a la
soberanía nacional y ciudadana, han de tomarse siempre dentro de un marco
legal. En el caso de Cataluña, respetando la legalidad constitucional. Ahora
bien, si algunas leyes han quedado obsoletas y no se ajustan a la realidad y
circunstancias actuales, habrá que cambiarlas. Del mismo modo, si el articulado
de la Constitución
necesita ser actualizado, habrá que ponerse manos a la obra. Pero ello
requerirá seguir un proceso ágil, que no se dilate excesivamente en el tiempo.
Mientras tanto, todos estamos obligados a respetar las leyes vigentes. Sin
excepciones. Sin subterfugios. Todo lo que se haga al margen de la ley es un
delito inapelable. Y en el caso de Cataluña, digámoslo alto y claro, se trata
de un flagrante delito de sedición. Y alguien tendrá que responsabilizarse y
asumir las consecuencias.
Hemos de reconocer, sin embargo, que la pasividad del Gobierno a lo largo de los últimos cinco años, propició que se haya llegado a esta situación. Tendría que haber existido fluidez de diálogo, mayor rigor en las negociaciones, y voluntad de llegar a soluciones consensuadas. Aunque, eso sí, contrapartidas las justas. Sin paternalismos. Porque podría resultar más caro que Cataluña continúe siendo una comunidad autónoma de España, a que se vaya y se instituya como República independiente. No obstante, ironías aparte -pues se trata de un asunto muy serio y de máxima gravedad política-, su continuidad sería muy deseable para que en este país llamado España, podamos disfrutar de una saludable convivencia. Sin fisuras. Sin estrategias perversas. Sin arrogancias. Sin ganas de enredar.
Publicado
en 'Faro de Vigo' (01.10.2017), en ‘La
Voz de Galicia’ (02.10.2017) y en ‘La Región ’ (15.10.2017),
en la
sección 'Cartas al Director'
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