10 junio 2016
Alejandro
Fernández, un joven granadino de 24 años, sin antecedentes penales previos, ha
ingresado en prisión por un delito cometido cuando tenía 18 años: con una
tarjeta falsa -que no era una tarjeta Black- estafó casi 80 euros en un
supermercado. No existió agresión, ni intimidación. Y por esta ‘escandalosa’
cifra, que equivale a la centésima parte de la indemnización que percibirán
algunos diputados y senadores por su dudosa labor en una legislatura
vergonzosa, lo condenan a cinco años de cárcel.
Hoy,
Alejandro, con familia a su cargo y un trabajo estable, seis años después de
aquel desafortunado episodio, está en prisión porque no pertenece a una familia
de apellido ilustre, ni es un futbolista de élite. Por tanto, en mi opinión,
este podría considerarse un caso de evidente agravio comparativo en toda regla.
No dudo que esta condena se aplica conforme a la ley, pero la considero
injusta. No dudo, en modo alguno, que todo delito merece un castigo, pero este
se me antoja desproporcionado. En consecuencia, permítanme que sí dude, ¡y
mucho!, de que la ley sea igual para todos. Porque, en pleno siglo XXI, en una
sociedad presumiblemente moderna y progresista como la nuestra, resulta muy
desalentador que continúe aplicándose la ‘ley del embudo’.
[Publicado
en 'La Voz de
Galicia' (13.06.2016), ‘XLSemanal’ (26.06.2016), en la sección 'Cartas al
Director']
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